La reciente reforma aplicada al pasaporte uruguayo, orientada a garantizar mayor igualdad entre los ciudadanos nacidos en el país y aquellos nacidos en el extranjero, ha despertado preocupación en varios gobiernos extranjeros. Alemania, Francia y Japón han expresado objeciones formales al nuevo formato del documento, que elimina el campo «Lugar de nacimiento» y uniformiza la mención de nacionalidad bajo el código URY, correspondiente a Uruguay.
El ajuste, promovido en abril por el gobierno uruguayo, es parte de una estrategia para reconocer completamente los derechos de los ciudadanos legales, es decir, quienes han obtenido la ciudadanía uruguaya sin ser originarios del país. Con esta modificación, Uruguay pretende suprimir aspectos vistos como discriminatorios en sus documentos de viaje, particularmente aquellos que mencionaban la nacionalidad original en vez de la adquirida legalmente.
Una solución a una solicitud trascendental por equidad
Hasta hace poco, los pasaportes uruguayos mantenían una distinción explícita entre los ciudadanos nacidos en el país y los naturalizados. En el campo de «Nacionalidad», el documento podía reflejar la nacionalidad de nacimiento, lo que generaba confusión en controles migratorios y desencadenaba episodios de discriminación, incluso dentro del propio territorio nacional.
La nueva versión del pasaporte unifica la identificación nacional para todos los titulares, eliminando ambigüedades y estableciendo la ciudadanía uruguaya como elemento único de referencia. Además, el campo «Lugar de nacimiento» fue eliminado, siguiendo normas internacionales que lo consideran un dato opcional. Estas medidas fueron celebradas por organizaciones humanitarias y activistas, que destacan el impacto positivo en el derecho a la identidad y en la prevención de la apatridia.
Reacciones de la comunidad internacional
Pese a la intención inclusiva de la reforma, la omisión del lugar de nacimiento en el pasaporte ha generado fricciones con al menos tres países. Alemania fue el primero en emitir una advertencia pública, indicando que los pasaportes uruguayos emitidos desde el 23 de abril no serán válidos para ingresar a su territorio, incluso para visitas de corta duración. Las autoridades alemanas también señalaron que no procesarán solicitudes de visa presentadas con este documento.
Francia adoptó una posición similar, suspendiendo temporalmente la emisión de visas para estancias prolongadas mientras analiza la validez del nuevo formato. Por su parte, Japón advirtió que los uruguayos que presenten este pasaporte corren un alto riesgo de ser rechazados en el control migratorio.
Estos gobiernos han expresado que la ausencia del lugar de nacimiento compromete sus sistemas de identificación y dificulta la verificación de la información del viajero, en especial en trámites migratorios y consulares.
Postura del gobierno de Uruguay
Frente a las críticas, el gobierno de Uruguay ha justificado la legalidad y legitimación de su reciente pasaporte. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, indicó que los problemas mencionados son esporádicos y actualmente no hay un rechazo generalizado del pasaporte por parte de otros países. De acuerdo a su explicación, los incidentes mencionados se restringen a las peticiones de visado para estudios, y no impactan el uso turístico común, que constituye la mayoría de los viajes al exterior de los uruguayos.
El presidente Yamandú Orsi señaló que su administración está dispuesta a dialogar con las representaciones diplomáticas de los países involucrados para encontrar una solución, y no descartó la posibilidad de reimprimir los pasaportes emitidos desde la entrada en vigor del nuevo diseño. No obstante, reafirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Discusión interna y potenciales modificaciones
La elección de eliminar el dato del lugar de origen también ha suscitado controversia a nivel nacional. El exministro Omar Paganini criticó la ejecución de esta modificación, señalando que el inconveniente no reside en alterar la etiqueta “Nacionalidad”, sino en eliminar una información que históricamente ha simplificado la identificación en otros países.
Sin embargo, integrantes de la sociedad civil que promovieron esta reforma han reiterado la importancia de contar con una legislación aclaratoria que afirme de forma explícita que cada ciudadano uruguayo, independientemente de su origen, debe ser reconocido igualmente como nacional. Argumentan que la igualdad legal debe estar presente no solo en las leyes, sino también en los documentos oficiales de identidad.
Una reforma con impacto internacional
El cambio en el pasaporte uruguayo representa un esfuerzo genuino para fomentar la inclusión y eliminar desigualdades entre los ciudadanos. No obstante, las repercusiones de esta decisión van más allá del ámbito nacional y presentan retos en el ámbito de las relaciones diplomáticas y en la unificación de criterios documentales entre naciones.
El caso pone de manifiesto la tensión entre soberanía documental y requisitos operativos de otros Estados. A medida que las autoridades uruguayas trabajan en una salida diplomática al conflicto, el debate en torno a identidad, ciudadanía y reconocimiento internacional se consolida como una cuestión de creciente relevancia global.
