El Gobierno nacional se encuentra ultimando los detalles de un decreto que dará inicio a una profunda reforma estructural en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las entidades científicas más relevantes del país en materia de desarrollo rural y tecnología aplicada al sector agroindustrial. La iniciativa forma parte del plan oficial de reorganización del Estado y prevé, entre otras medidas, la absorción del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) dentro del esquema institucional del INTA.
La medida, que será formalizada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), apunta a reconfigurar las funciones y competencias del organismo agropecuario, otorgándole mayores atribuciones y concentrando en su estructura capacidades antes distribuidas en otras dependencias. Con esta decisión, el Ejecutivo busca unificar criterios de investigación y desarrollo en torno al eje productivo rural, bajo una lógica de centralización que, según se argumenta desde el oficialismo, permitiría “ganar eficiencia y evitar duplicación de tareas”.
El proyecto ya ha generado reacciones dispares en distintos sectores vinculados al sistema científico y productivo. Mientras que algunos actores de la agroindustria observan con atención el posible fortalecimiento del INTA como eje rector de la innovación agropecuaria, otros expresan preocupación por el futuro del INIDEP, organismo especializado en investigaciones sobre los recursos pesqueros y marinos, cuya trayectoria científica es ampliamente reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional.
Actualmente, el INIDEP tiene su sede en Mar del Plata y dispone de un equipo técnico altamente especializado. Su labor ha sido fundamental para fijar cuotas de pesca, analizar la condición de los recursos pesqueros y proporcionar información crucial para la sostenibilidad de la industria pesquera argentina. La potencial incorporación del instituto al INTA plantea dudas sobre la independencia de sus programas de investigación, los recursos disponibles y la preservación de su infraestructura científica.
Desde el Ministerio de Capital Humano, departamento responsable del rediseño institucional, se ha señalado que la acción tiene como objetivo mantener las capacidades técnicas de ambas entidades, adaptándolas a una nueva lógica de operación del Estado. En este contexto, se está considerando reorganizar direcciones, combinar programas y redefinir líneas de financiamiento, siguiendo principios de “racionalización” y “eficiencia en las operaciones”.
A nivel político, la decisión se enmarca en una etapa del Gobierno caracterizada por una fuerte ofensiva reformista en distintos organismos estatales. La reciente modificación del directorio del INTA, que ahora contempla una menor representación de sectores productivos, científicos y provinciales, anticipa el rumbo que se pretende imprimir a la entidad. Con el nuevo diseño, el Poder Ejecutivo tendrá mayor margen para definir objetivos y estrategias, desplazando parcialmente la participación multisectorial que tradicionalmente ha caracterizado al instituto.
En los días próximos, el decreto se publicará en el Boletín Oficial, previendo que su puesta en marcha inicie sin demora. Entretanto, gremios del sector público, asociaciones de científicos y empleados del INIDEP han iniciado la organización de actividades para dar visibilidad y resistir ante lo que perciben como una posible «disolución oculta» del ente en Mar del Plata.
El INTA, con más de sesenta años de trayectoria, ha sido un pilar en la investigación aplicada al sector agropecuario en Argentina, estando presente en todas las áreas del país. Su colaboración con universidades, cooperativas, empresas y gobiernos provinciales ha sido clave para avanzar en tecnologías con un impacto significativo tanto en la producción como en lo social. La inclusión del INIDEP en su estructura, aunque significa una expansión de sus funciones, también implica el reto de mantener la especialización científica de cada ámbito de conocimiento.
Este cambio no solo transforma el esquema institucional del Estado en el campo de ciencia y tecnología, sino que también inicia una discusión intensa sobre el modelo de generación de conocimiento público y el papel del Estado como coordinador de políticas para el desarrollo sostenible. Para numerosos participantes del sector, el impacto real de esta reforma dependerá menos del contenido del decreto y más de la disposición política y financiera con la que se lleve a cabo en los meses venideros.
