El Poder Ejecutivo avanzó con una reforma profunda en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante la publicación del decreto 462/2025, que modificó sustancialmente el funcionamiento de esta institución clave para el sector agroindustrial argentino. La medida forma parte de un proceso más amplio de reorganización del Estado y representa un punto de inflexión en la estructura científica y técnica nacional.
La modificación más trascendental es la pérdida de autonomía del INTA, que desde sus inicios funcionaba con independencia administrativa, financiera y operativa. Desde este momento, el organismo estará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, como un ente desconcentrado. Esta subordinación hará que su dirección esté a cargo de un presidente con rango de secretario de Estado, nombrado directamente por el Poder Ejecutivo, mientras que su junta directiva será sustituida por un Consejo Técnico de naturaleza honoraria y sin funciones vinculantes.
El gobierno justifica su decisión en la necesidad de aumentar la eficiencia del estado. Análisis técnicos indicaban un crecimiento excesivo en la estructura del INTA, que contaba con más de 6.000 trabajadores, más de 900 puestos de liderazgo, una flota que superaba los 2.400 vehículos y una extensa red de servicio que incorporaba más de 1.600 líneas de teléfonos móviles. De acuerdo con el Ejecutivo, solo una minoría de las más de 100.000 hectáreas gestionadas por el organismo estaba siendo realmente empleada para propósitos productivos o de investigación.
Junto con la reestructuración del INTA, se decidió la desaparición del Instituto Nacional de Semillas (Inase), cuyas responsabilidades serán transferidas a la Secretaría de Agricultura. La regulación y supervisión del mercado de semillas, que hasta el momento estaba bajo un ente específico, se asignará a un comité consultor formado por representantes del sector público y privado, sin facultades ejecutivas.
El paquete de medidas también afectó a otros organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que será sometido a una reestructuración similar, perdiendo su conducción colegiada para quedar bajo el control de la Secretaría de Industria y Comercio. La intervención en estos entes se enmarca en una política general de achicamiento del Estado, que incluye la eliminación de estructuras consideradas innecesarias o ineficientes por el gobierno.
Entre los fundamentos de las reformas se destacan tres ejes: eliminar estructuras sobredimensionadas, mejorar el control administrativo y enfocar los organismos técnicos en actividades concretas de impacto productivo. En línea con esta orientación, se busca reducir la cantidad de proyectos con orientación social, teórica o sin retorno económico inmediato, y priorizar aquellas acciones que deriven en beneficios tangibles para la economía.
Desde el ámbito científico y académico, la reacción fue crítica. Investigadores y técnicos alertaron sobre la pérdida de independencia y la desarticulación de capacidades construidas a lo largo de décadas. También se expresó preocupación por la posible politización de los objetivos institucionales y la merma en la calidad de la investigación aplicada, clave para el desarrollo agropecuario del país.
La reestructuración forma parte de una ola más amplia de reformas en el sistema estatal. A lo largo de los últimos meses, el Ejecutivo ha disuelto o reducido la operatividad de organismos como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Según la visión oficial, se trata de eliminar duplicidades y simplificar estructuras para reducir el gasto público.
Los inconvenientes a enfrentar son variados. En el ámbito administrativo, las recientes estructuras tendrán que rediseñar procesos, distribuciones de presupuesto y modelos de gestión. En el plano político, se anticipan oposiciones tanto sindicales como legales, dentro de un entorno de intensa polarización. Y en el área técnica, queda por ver si las nuevas configuraciones podrán mantener el grado de innovación y soporte técnico que necesitan los sectores productivos del país.
Con estas acciones, el Gobierno busca una transformación radical del modelo institucional que ha guiado el desarrollo científico y productivo durante años. La meta de hacer un uso más eficiente de los recursos y supervisar más directamente las políticas públicas se encuentra, no obstante, con el desafío de posiblemente debilitar capacidades estratégicas en sectores esenciales para el progreso del país.
