La igualdad formal no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. La autonomía económica y la participación en la toma de decisiones son esenciales para cerrar la brecha de género.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA subraya que, aunque el reconocimiento de los derechos legales es esencial, por sí solo no garantiza una igualdad efectiva. Con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta fecha visibiliza la brecha persistente entre la igualdad establecida en las leyes y la que realmente viven las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La autonomía económica como herramienta de empoderamiento
CODESPA destaca que la autonomía económica es un elemento clave para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, ya que disponer de ingresos propios les brinda la posibilidad de involucrarse en las decisiones de su hogar y de su comunidad, además de disminuir la dependencia estructural que muchas viven. Desde la organización señalan que “la justicia para las mujeres no solo queda plasmada en las leyes; se materializa cuando una mujer puede asegurar ingresos constantes y tomar parte en las decisiones que influyen en su entorno”.
Durante más de cuarenta años, CODESPA ha implementado programas en 34 países de América Latina, África y Asia, orientados a fortalecer la independencia económica femenina. Estas iniciativas combinan formación técnica y empresarial adaptada a cada contexto, acceso a financiación o activos productivos, acompañamiento continuo en el terreno, trabajo con líderes comunitarios y promoción de la participación femenina en espacios de decisión.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Transformaciones tangibles en comunidades vulnerables
La experiencia en terreno muestra que el acceso a recursos y formación puede transformar la vida de mujeres y comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, afectado por la inseguridad alimentaria y los impactos del cambio climático, María Elisa participó en un proyecto productivo diseñado por CODESPA. Al inicio apenas intervenía en reuniones, pero tras recibir formación técnica y participar en espacios de gestión colectiva durante tres años, su rol se consolidó. Gracias a los ingresos generados y la experiencia adquirida, hoy forma parte del comité de desarrollo local, influyendo activamente en la toma de decisiones comunitarias.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle contaban con habilidades artesanales heredadas de sus familias, pero carecían de acceso a mercados. A través de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar sus productos, diversificar diseños y vender a través de canales digitales. La marca que hoy gestionan genera ingresos estables, ha incorporado a otras mujeres de la comunidad y ha contribuido a reducir la migración hacia las ciudades. Este caso demuestra que la autonomía económica fortalece la participación femenina en decisiones familiares y comunitarias, más allá del impacto financiero.
Los ejemplos evidencian un patrón consistente: cuando las mujeres logran ingresos propios y regulares, se fortalece su influencia en decisiones fundamentales. Su implicación en asociaciones, el acceso a información financiera y la interacción directa con clientes y proveedores amplían su presencia en ámbitos como la educación, las inversiones productivas y la dinámica comunitaria. CODESPA destaca que el empoderamiento económico constituye uno de los medios más efectivos para disminuir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización subraya que la igualdad ante la ley solo cobra sentido cuando se respalda con estrategias constantes de inclusión económica, de modo que los derechos formales puedan convertirse en avances reales y perdurables para mujeres y niñas, mitigando desigualdades arraigadas y fortaleciendo el progreso social y económico dentro de sus comunidades.
La consolidación de la autonomía económica, sumada a la capacitación, la generación de ingresos y la implicación en la toma de decisiones, se convierte en un elemento esencial para convertir la igualdad jurídica en una igualdad plenamente efectiva. El Día Internacional de la Mujer recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres exige medidas constantes y tangibles que trasciendan lo meramente legal.
Las experiencias acumuladas en Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha intervenido evidencian que las transformaciones pueden lograrse cuando las mujeres disponen de recursos, acompañamiento y oportunidades reales para participar en la toma de decisiones; la articulación entre derechos legales, independencia económica y una implicación activa constituye el elemento que separa la igualdad meramente declarada de aquella que se vive plenamente en la realidad.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
