El presidente Javier Milei ha confirmado el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada de la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, forma parte de un plan más amplio del gobierno para reducir el tamaño del Estado y transferir empresas públicas al sector privado.
Información sobre el proceso de privatización
Según el plan presentado, el Estado transferirá el 90% de las acciones de AySA al capital privado, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los empleados de la empresa a través del programa de propiedad participada. Adorni argumentó que la privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio, citando como razones la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia operativa.
Contexto financiero de AySA
AySA ha atravesado problemas financieros en los años recientes. Desde 2006 hasta 2023, la compañía necesitó aportes del Tesoro argentino que excedieron los 13.400 millones de dólares. También, el número de empleados aumentó un 90% bajo el control estatal, y la tasa de impago de los clientes llegó al 16%, en comparación con el 4% promedio observado antes. Estos datos han sido mencionados como razón para optar por la privatización de la empresa.
Reacciones y preocupaciones
La privatización de AySA ha generado diversas reacciones en la sociedad y en el ámbito político. Desde el sector sindical, se ha expresado preocupación por la posible pérdida de empleos y la calidad del servicio bajo la gestión privada. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre los riesgos de que el acceso al agua potable se convierta en un privilegio para quienes puedan pagar, en lugar de un derecho universal.
Próximos pasos
El gobierno ha indicado que el proceso de privatización se llevará a cabo mediante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico. Además, se contempla la posibilidad de realizar una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Se espera que el proceso se complete en los próximos meses, con el objetivo de que la privatización se concrete antes de finales de 2026.
Esta medida se enmarca dentro de un plan más amplio del gobierno de Milei para reducir el tamaño del Estado y transferir empresas públicas al sector privado. En los últimos meses, ya se han privatizado otras empresas estatales, como la metalúrgica Impsa, vendida a la estadounidense Arc Energy, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), que suministra gas y electricidad a todo el país.
