Las «leyes feas»: señales de intolerancia en Estados Unidos

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A finales del siglo XIX, varias ciudades y un estado de Estados Unidos adoptaron una serie de regulaciones legales que hoy se conocen como las “leyes feas” («Ugly laws»). Estas leyes, que imponían sanciones y multas a personas con características físicas consideradas no conformes a los estándares de belleza de la época, representaron un esfuerzo sistemático por ocultar la “fealdad” en espacios públicos. En su momento, no solo se perseguía la falta de atractivo físico, sino que también se convirtió en una forma legal de excluir a los pobres, los discapacitados y aquellos considerados “indeseables” de las calles y plazas.

La normativa inicial de este tipo fue aprobada en San Francisco en 1867 y pronto se propagó a otras ciudades como Chicago, Portland, Nueva Orleans y Reno. Por ejemplo, la ordenanza de San Francisco determinaba que «las personas enfermas, mutiladas o deformadas hasta el punto de ser vistas como indeseables o ofensivas» no podían estar en espacios públicos. Este tipo de legislación se mantuvo activa durante muchos años, representando un período de marcada segregación y exclusión social.

Objetivos y justificaciones detrás de las «leyes feas»

Las «leyes de fealdad» no solo buscaban regular la apariencia en espacios públicos, sino también servir como un medio para controlar a los grupos más desfavorecidos, especialmente a las personas sin hogar o con discapacidades. Muchas veces, estas leyes se justificaban bajo el argumento de proteger la salud pública y el bienestar social. En ciertos casos, se sostenía que la presencia de personas con discapacidades en lugares públicos podía ser dañina para la salud de los demás, en particular para las mujeres embarazadas, quienes podrían enfrentar efectos emocionales debido a la «fealdad» de los individuos.

Además, la discriminación hacia las personas con discapacidades estaba influenciada por la ideología de la época, que veía a las personas con ciertos trastornos como una amenaza para la «pureza» de la sociedad. Esta perspectiva también fue respaldada por teorías como la «influencia materna», que sostenía que los embarazos podían ser comprometidos si las mujeres se exponían a la «fealdad» o enfermedades de otros.

La exclusión de los más vulnerables: una forma de control social

Aunque las «leyes antiestéticas» parecían centrarse en el aspecto físico de las personas, en verdad su repercusión fue mucho más amplia. Estas normativas estaban principalmente orientadas hacia los sectores menos favorecidos, quienes en su mayoría también incluían a personas con discapacidades, trastornos mentales o físicos, o a quienes no tenían acceso a un empleo remunerado y dependían de pedir limosna para sobrevivir.

La implementación de estas normas fomentó el establecimiento de una comunidad que marginaba deliberadamente a individuos con discapacidades y a quienes no se ajustaban a los cánones de belleza, llevándolos a centros de caridad o refugios, donde a menudo eran mantenidos fuera del ojo del público. En realidad, en muchas situaciones, el castigo consistía en el encarcelamiento o el destierro obligatorio a instituciones dedicadas al cuidado de «indeseables».

Este método excluyente fue defendido por entidades benéficas que, en vez de promover la inclusión de estas personas, fomentaban su separación en establecimientos, basándose en la idea de que estaban resguardando el bienestar común de la comunidad.

La perpetuación de la discriminación a través de otras leyes

El impacto de las «leyes feas» fue mucho más allá de las ordenanzas municipales. Estas normativas se convirtieron en un caldo de cultivo para la promulgación de otras leyes discriminatorias que buscaban controlar a los sectores más vulnerables de la población. Entre estas leyes, se encontraba la legislación eugenésica que promovía la esterilización de personas con discapacidades y enfermedades mentales, con el fin de «erradicar» a esos grupos.

En muchas ocasiones, las “leyes antiestéticas” estuvieron muy conectadas con las normas de segregación racial del sur de Estados Unidos. Mientras los movimientos en favor de los derechos civiles cobraban impulso en la nación, estas regulaciones se incorporaron a un sistema más extenso de control social que discriminaba y apartaba a grupos vistos como «no deseados», tales como las personas negras, los pobres y las personas con discapacidades.

El fin de las «leyes feas» y sus secuelas

Aunque la aplicación de las «leyes feas» comenzó a disminuir a principios del siglo XX, no fue sino hasta la década de 1970 que, bajo la presión de los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, las ciudades comenzaron a derogarlas. A pesar de su anulación legal, los efectos de estas leyes perduraron en la cultura y la política estadounidense. En 1970, un incidente en la ciudad de Omaha, Nebraska, en el que un policía intentó arrestar a una persona sin hogar bajo la ordenanza de “fealdad”, llevó a una mayor movilización en contra de estas leyes. Un juez local desestimó el caso, lo que inspiró a activistas a organizarse y exigir la eliminación definitiva de estas regulaciones.

En 1990, la aprobación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) marcó un hito en la lucha por la inclusión de personas con discapacidad, asegurando que las políticas discriminatorias como las «leyes feas» fueran finalmente erradicadas de facto.

No obstante, la cultura de exclusión y la discriminación hacia las personas con discapacidades persisten. A pesar de los cambios en la legislación, estos grupos aún enfrentan estigmatización en la sociedad de Estados Unidos. Este legado histórico ha dejado marcas significativas en la forma en que se trata a las personas con discapacidad, quienes a menudo son vistas de forma marginal o infantilizada en varias instituciones y lugares públicos.

Las «leyes feas», aunque derogadas oficialmente, siguen siendo un recordatorio sombrío de cómo las sociedades han utilizado la estética como herramienta para excluir y controlar a los más vulnerables, revelando las profundas injusticias que han marcado la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

Por: Olivia Vanessa González Schelotto

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