Compañías extractivas que llevan a cabo iniciativas de cobre en Argentina han pedido al gobierno nacional prolongar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sosteniendo que el tiempo de vigencia actual, que finaliza el 8 de julio de 2026, no es suficiente para que varias operaciones puedan incorporarse y aprovechar este marco legal.
Durante la reciente Conferencia Internacional Argentina Cobre, celebrada en la provincia de San Juan, representantes de firmas con proyectos en etapas avanzadas de exploración expresaron su inquietud por los tiempos restrictivos del régimen. Según manifestaron, la naturaleza de los desarrollos cupríferos, que requieren años de estudios, evaluaciones ambientales, planificación financiera e infraestructura, no se condice con la ventana temporal acotada que ofrece el RIGI.
Uno de los principales proyectos en cuestión es Los Azules, liderado por McEwen Copper, que prevé una inversión total cercana a los 2.700 millones de dólares. Su vicepresidente, Michael Meding, advirtió que, pese a los esfuerzos realizados, el trámite para la incorporación al régimen aún no ha sido aprobado, en parte por los plazos administrativos y limitaciones temporales. Afirmó que muchos inversores son reticentes a seguir apostando por desarrollos sin certeza normativa a largo plazo, especialmente en contextos tan cambiantes como el argentino.
Desde Altar, otro de los proyectos de envergadura en la región, se compartió una preocupación similar. Javier Robeto, uno de sus directivos, alertó que la mayoría de las iniciativas cupríferas, salvo algunas excepciones, corren el riesgo de quedar excluidas del régimen. En sus palabras, “si se nos cierra la ventana del RIGI antes de tiempo, se reduce dramáticamente la viabilidad de los proyectos en curso”.
El RIGI, promovido por el gobierno como una sección del conjunto de cambios económicos, se creó para incentivar significativas inversiones a través de ventajas fiscales y aduaneras, proporcionando estabilidad fiscal durante 30 años, disminución de tasas impositivas, libre acceso a divisas y acceso a mecanismos de arbitraje internacional. No obstante, su implementación requiere que los proyectos puedan acogerse antes del plazo estipulado, lo cual no todos pueden asegurar.
San Juan se posiciona como la provincia más relevante en cuanto al desarrollo cuprífero, con iniciativas como Vicuña, Altar y Los Azules. La presión del sector privado apunta ahora a que el gobierno contemple una ampliación del régimen o bien habilite nuevas rondas de adhesión más allá de 2026.
La extracción de cobre se considera crucial para Argentina, debido no solo a su capacidad de exportación, sino también al papel cada vez más relevante del mineral en la transición energética global. Desde que cerró la mina La Alumbrera en 2018, el país no ha tenido producción activa de cobre, aunque se calcula que entre seis y ocho proyectos de primera categoría podrían comenzar a operar hacia finales de la década.
El objetivo oficial es multiplicar las exportaciones del sector, llevándolas de los niveles actuales a un rango estimado entre 7.000 y 12.000 millones de dólares anuales para 2032. Esto permitiría, además, duplicar los empleos directos e indirectos asociados a la minería, alcanzando cerca de 200.000 puestos de trabajo. No obstante, sin un marco regulatorio estable y con incentivos sostenidos, los actores del sector advierten que esas metas podrían volverse inalcanzables.
En paralelo, el gobierno ha avanzado en otros aspectos normativos, como la desburocratización de trámites mineros y la modernización del sistema de información geológica. Mediante un decreto reciente, se transfirieron competencias técnicas al Servicio Geológico Minero Argentino y se flexibilizaron requisitos que anteriormente ralentizaban la aprobación de inversiones.
A pesar de estos progresos, sigue habiendo inquietud por la carga tributaria. La Cámara Argentina de Empresas Mineras ha señalado que el incremento de regalías y otros impuestos podría desalentar a posibles inversores. Hoy en día, la presión fiscal efectiva en el sector es aproximadamente del 50 %, uno de los más elevados en el ámbito internacional.
El llamado de las mineras cupríferas plantea un dilema para la política pública: si no se amplía el régimen, muchos proyectos podrían quedar fuera del marco que garantiza estabilidad y previsibilidad. Para los empresarios del sector, esta decisión puede marcar la diferencia entre consolidar una nueva etapa de desarrollo minero o ver truncada la oportunidad de posicionar a Argentina como actor clave en el mercado global del cobre.
